El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado que el Gobierno andaluz está finalizando los trámites previos a la publicación de la orden que regulará las indemnizaciones por destrucción de cultivos de aguacate afectados por el escarabajo de la ambrosía. Entre otros conceptos, esta normativa incluirá los baremos a tener en cuenta para el cálculo de los importes que el Gobierno andaluz ha consensuado con Asociafruit y la Interprofesional del Aguacate y el Mango.

Durante su intervención en comisión parlamentaria, Fernández-Pacheco ha afirmado que la Junta está trabajando para que “el procedimiento establecido para la solicitud y concesión de las indemnizaciones se desarrolle de la forma más ágil posible”, ya que la presencia del escarabajo de la ambrosía es un tema que “ocupa y preocupa a la Consejería de Agricultura”. Al respecto, ha apuntado que se trata de una preocupación “compartida con el sector agrario andaluz” y en cuya respuesta se han movilizado técnicos del Departamento de Sanidad Vegetal, de los laboratorios y del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa).

El Gobierno andaluz ha realizado ya más de 900 actuaciones en las provincias de Granada (804) y Málaga (162). Para el consejero, esta actividad es una muestra del “trabajo constante y coordinado que se viene llevando a cabo en Andalucía desde el primer momento”.

Fernández-Pacheco ha explicado que ante la sospecha de la presencia del escarabajo de la ambrosía en tres árboles ornamentales de Motril, la Consejería instaló en diciembre de 2023 un total de 25 trampas. El objetivo de esta red de trampeo era detectar la presencia del organismo nocivo y proceder, en su caso, a realizar prospecciones intensas en la zona donde se hallaran ejemplares.

Evolución de la plaga

A pesar de contar con trampas desde final de 2023, las primeras capturas de escarabajo de la ambrosía en Andalucía no se producen hasta verano de 2024. Ante esta confirmación, la Consejería cumplió con la regulación en cuanto a procedimiento y notificación de la plaga, y organizó junto al Ayuntamiento de Motril unas jornadas técnicas para informar al sector agrícola sobre las medidas que debía adoptar.

En octubre de 2024, el Gobierno andaluz confirma la presencia del insecto por primera vez en una plantación de aguacate andaluza. Desde este momento, la delegación territorial de Granada ha ido emitiendo resoluciones individualizadas con medidas fitosanitarias a ejecutar en las cuatro explotaciones agrícolas del término municipal de Motril donde se ha detectado su presencia.

Ante esta situación, en diciembre del año pasado se declara oficialmente la existencia de la plaga, las zonas afectadas y las medidas a aplicar. Para el establecimiento de estas actuaciones de control, la Consejería ha apostado por buscar el consenso con los propios afectados.

This response from the Andalusian government is based on “constant communication and coordination with the Ministry of Agriculture, essential given its powers and the legal framework established.” As a result of this collaboration between administrations and in response to the request from the Junta, the central government authorized the exceptional use of an active substance (lambda-cyhalothrin) to eradicate this plague.

Currently, technicians from the Agriculture Department continue monitoring the territory through new traps installed in December and January in the provinces of Granada and in municipalities of Málaga and Huelva.

Control measures

Among the phytosanitary measures that must be applied by the owners of agricultural holdings affected by the ambrosia beetle is the taking of thorough samples to detect the presence of this harmful organism. They must also perform phytosanitary treatments with authorized products and other control measures, pruning trees or shrubs completely or partially and immediately destroying the plant debris from affected trees and shrubs.

In addition, measures for sharing vehicles, means of transport, boxes and containers of other elements essential for agricultural activity will be limited; and proper disinfection of tools, equipment and materials used will be required.